El pasado martes se presentó un intento de desalojo en el sector de los Pinos en el municipio de Bello. Este sector congrega a un asentamiento que, de acuerdo con la información de algunos de sus habitantes, lleva aproximadamente seis años de existencia. Unas 200 familias habitan este territorio, y la mayor parte de ellas son de origen campesino. Llegaron a la ciudad desplazados de sus tierras, las cuales son disputadas por grupos armados dirigidos por grandes terratenientes locales. Por ejemplo, es muy significativa la presencia de desplazados de regiones como el Bajo Cauca y el Urabá Antioqueño.
En el operativo del desalojo el Estado hizo presencia a través de diferentes aparatos de represión: el ESMAD, los Carabineros, policías rasos y Ejército. Estos últimos, según denunciaron organizaciones de derechos humanos presentes en el lugar, no portaban identificación. Además, el Estado usó, como es costumbre, un importante contingente de servidores públicos no armados, como personería. El trabajo de estos servidores es, por un lado, buscar convencer a las personas de que mantenerse sumisos ante la represión es lo que más les conviene, por otro, legitimar la represión dándole un velo de legalidad. Antes de presentarse el hecho, por ejemplo, pasaron por las casas haciendo que la gente firmara un papel que buscaba avalar el proceso de desalojo.
La comunidad se decidió a defender su derecho a la vivienda y opuso resistencia a este operativo. Muchos no firmaron ninguno de los papeles que los funcionarios les presentaban. Vecinos de barrios aledaños que habían pasado por experiencias similares de desalojo advirtieron a la comunidad del engaño detrás de la firma de los papeles, ya que con ella se daba un consentimiento al desalojo pero esto no era explicado por estos servidores. Incluso, muchos de los habitantes del barrio tenían ellos mismos la experiencia suficiente para saber que no se podía confiar en esos procedimientos burocráticos de los funcionarios.
Durante casi diez horas, la comunidad estuvo resistiendo ante la arremetida de las fuerzas policiales. El ESMAD fue la que actuó principalmente, y los otros estaban como fuerzas auxiliares del accionar represivo. De la comunidad, principalmente los jóvenes, hombres y mujeres, fueron los que repelieron la arremetida policial a punta de piedras. Los más adultos se resguardaron como pudieron, y entre ellos hubo muchos heridos ya que también eran blanco de la salvaje y cobarde represión. Otros miembros de la comunidad apoyaron en labores de primeros auxilios y otras tareas para defenderse y combatir eficazmente la arremetida.
“Nos parece un atropello de parte de ellos, dizque ellos dicen que son los antidisturbios, no, ellos son los que vienen a ocasionar los disturbios contra nosotros… si ellos no se hubieran metido con nosotros, nosotros no nos hubiéramos metido con ellos”, denuncia doña Patricia, una señora del barrio que vivió los acontecimientos.
Al final de la jornada el ESMAD retrocedió, se desgastó y desistió del operativo. Esto fue así gracias a la fuerza, la unión y la decisión contundente de la comunidad en no permitir que vulneraran sus derechos. Efectivamente, lograron demostrar a las fuerzas represivas del Estado que no podían pretender pasar fácilmente por encima de un grupo de familias trabajadoras y dignas a quienes una vida de opresión, destierro y miseria les han enseñado a ser fuertes.
Al día siguiente, en el que se esperaba otra arremetida del ESMAD, se anunció que el desalojo sería suspendido. Los líderes de la comunidad habían apelado a una acción de tutela que suspendió el procedimiento de desalojo. No es una medida que siempre ha dado frutos, ya que las dos ocasiones previas que los líderes habían interpuesto tutelas, estas habían fallado a favor de la Alcaldía de Bello, en nombre de quienes se hace el desalojo.
Esta vez el resultado de la tutela aún no se ha concretado, pero sí obligó a suspender provisoriamente la continuación del desalojo. Este proceso depende también de la mesa de negociación que se estableció entre los líderes, la alcaldía y la entidad que reclama ser propietaria legal del lote, es decir, el Hospital Mental de Antioquia, que es una entidad pública.
Entre tanto, la comunidad analiza su situación y las perspectivas. Colectivos juveniles, estudiantiles y de derechos humanos, además de personas solidarias independientes, apoyaron a la comunidad el día del desalojo, dándole visibilidad al problema a través de redes sociales y medios de comunicación alternativos a la prensa monopólica.
Mientras esto fue de una gran ayuda y es agradecido por la comunidad, esa prensa monopólica estigmatizó los apoyos como agentes externos malintencionados y a la comunidad como el escudo de grupos armados ilegales que manejan el mercado ilegal de tierras en la zona. Como si el clamor de la gente desplazada para no padecer otro desplazamiento y tener derecho a la vivienda no fuera auténtico, justo y completamente necesario.
Los jóvenes y colectivos solidarios promovieron al final de la semana pasada un espacio de integración que consistió en una jornada de sancocho comunitario y recreación, con lo cual se ha dado una muestra de apoyo a la comunidad en su justa lucha.
A continuación, algunas imágenes de la represión y la resistencia el día del desalojo.
El Comunero 